España está a un paso de reducir la jornada laboral semanal de 40 a 37,5 horas sin merma salarial. Todo un hito para los trabajadores y una reforma histórica que, a día de hoy, plantea más dudas que certezas

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente uno de los proyectos de ley más ambiciosos de los últimos años que aún debe superar el trámite parlamentario que no lo tiene fácil, puesto que grupos políticos como el PP, Vox o Junts se han mostrado en contra.

El Ejecutivo confía en convertir esta medida en una de las banderas de su política social y económica de esta legislatura. La propuesta afectaría a más de 12,5 millones de trabajadores del sector privado, lo que supone el 75% de los asalariados, y plantea un cambio de calado que no se producía en España desde hace más de cuatro décadas. La última reforma similar en el país tuvo lugar en 1983, cuando el Gobierno de Felipe González la rebajó de 44 a 40 horas a la semana. 

Según Trabajo, la jornada media pactada en convenios se sitúa en torno a las 1.708 horas anuales, es decir, aproximadamente 32,9 horas semanales. Sin embargo, en la práctica, millones de empleados superan las 37,5 horas, sobre todo, en sectores como hostelería, comercio, agroindustria y construcción.

Las cifras que acompañan este ajuste no son menores. Según estimaciones de la patronal Cepyme, el coste directo de aplicar la reforma alcanzaría los 11.800 millones de euros al año. A esto se suman más de 30.000 en gastos indirectos, derivados de la reorganización del trabajo, el aumento de contrataciones o la pérdida de eficiencia. 

Así, por ejemplo, en actividades como el turismo, se prevé una reducción media del 8% en los beneficios, que puede llegar hasta un 19% en la restauración. Además, algunos análisis estiman la posible destrucción de más de 270.000 empleos a tiempo completo si las empresas no pueden absorber el impacto sin ayudas o compensaciones.

En este contexto, el debate político y económico está servido. El Gobierno defiende la ley como un paso imprescindible para mejorar la conciliación y la calidad de vida. «Trabajar menos sin perder salario es un derecho del siglo XXI», es el eslogan que promulga la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

Por su parte, el presidente, Pedro Sánchez, ha enmarcado esta decisión en lo que denomina su agenda de derechos sociales, alineándose con una corriente creciente en Europa que explora modelos laborales más cortos. De hecho, países como Islandia, Francia, Portugal o el Reino Unido han experimentado con jornadas reducidas o semanas laborales de cuatro días, con resultados positivos tanto en productividad como en bienestar.

No obstante, las críticas no han tardado en llegar. El Partido Popular y Vox han calificado la medida de «improvisada» y «electoralista», alertando sobre el golpe que podría suponer para las pymes y la competitividad de la economía. 

En la misma línea se han expresado las patronales. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, denuncia que «legislar la jornada por decreto vulnera la negociación colectiva y pone en riesgo el tejido empresarial español».

Cambio de modelo

Entre los defensores de esta ley están economistas como Gonzalo Bernardos, que asegura que la medida obligará a las empresas a dejar atrás modelos laborales obsoletos basados en largas jornadas y sueldos bajos. «Las empresas que se quejan son las que no han invertido en productividad ni modernización. Es hora de dar el salto», explica. 

La falta de incentivos fiscales o bonificaciones para pymes y autónomos añade un grado de dificultad adicional que ha sido duramente criticado por las asociaciones empresariales. El éxito o el fracaso dependerá en gran medida de cómo se aborde su implementación en cada sector y del diálogo social que se logre establecer entre Gobierno, sindicatos y patronales.

Más allá del impacto inmediato en cifras, lo que está en juego es un nuevo modelo de relación laboral. Una apuesta por distribuir mejor el tiempo de trabajo y el bienestar, sin perder competitividad. Pero, sin una transformación paralela en productividad y tecnología, el riesgo es que el tiempo ganado en jornada se pierda en empleo y crecimiento.