Creada hace más de 20 años por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Conferencia de Presidentes -que se celebrará el próximo viernes en Barcelona- nació como un foro hasta entonces inexistente en el que generar «estabilidad territorial» y «gobernar el país con diálogo y cooperación».

Un objetivo que se consiguió parcialmente y no sin problemas durante la pandemia del coronavirus, pero que ahora parece difícil de alcanzar tras el rechazo de las regiones del PP al orden del día propuesto por el Ejecutivo en el Comité Preparatorio del pasado miércoles.

La construcción de este organismo ya fue propuesta en los años 90, pero no se concretó hasta 2004. Desde entonces, se ha reunido 27 veces, la última en diciembre de 2024 en Santander, que acabó sin acuerdos. En esa ocasión quedó patente la discrepancia entre las comunidades populares y el Gobierno sobre la forma de abordar la financiación autonómica, que sigue sobrevolando la relación de ambos de cara a la cita de Barcelona.

Aquel 13 de diciembre, uno de los escasos avances fue el anuncio de Pedro Sánchez de convocar en enero un Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la condonación de la deuda territorial, una reunión que finalmente se celebró a finales de febrero y que acabó en un plante de los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP.

En el encuentro anterior, en La Palma, se aprobó el Reglamento vigente de la Conferencia de Presidentes, que establece «al menos» dos citas al año y que el orden del día será fijado por el Comité Preparatorio «con la conformidad» de su presidente y de 10 regiones o ciudades autónomas. Además, determina que se incluirán aquellos asuntos que proponga el jefe del Ejecutivo, el Senado en los términos que establezca su Reglamento, la mayoría de las comunidades y las conferencias sectoriales por acuerdo unánime. La Conferencia podrá adoptar acuerdos, que se tomarán por consenso, o recomendaciones, que se admitirán por el presidente del Gobierno y dos tercios de los territoriales y que comprometen solo a los que las han apoyado.

Para Barcelona, Moncloa ha propuesto abordar el acceso a la vivienda y la formación profesional y universitaria. El primero de esos temas ya se incluyó en el orden del día de la cumbre de Santander junto a la financiación autonómica, la inmigración y la escasez de personal en el ámbito sanitario y ha estado presente en varias de las otras 26 conferencias anteriores.

Preocupaciones que cambian 

En la primera, el 28 de octubre de 2004, se trataron la reforma de la financiación sanitaria y el papel de las comunidades autónomas en la UE con la nueva Constitución europea; en la segunda, de nuevo la financiación autonómica, específicamente la referente a la Salud; y en la tercera, la inmigración, el agua y la inversión en I+D+i.

El empleo y la violencia de género se abordaron en la cuarta, la reducción del déficit público en la quinta... Y otra vez, en la sexta, la financiación autonómica y la violencia de género.

Las medidas para controlar la pandemia, la recuperación de las competencias y la gestión de la desescalada por parte de las comunidades y el reparto de los fondos de ayuda a las autonomías monopolizaron las reuniones séptima a vigésima, celebradas por videoconferencia entre el 15 de marzo y el 14 de junio de 2020 por el coronavirus.

La número 21, la primera que se celebró fuera del Senado, en la localidad riojana de San Millán de Cogolla se centró en la gestión del fondo de recuperación de la UE, mientras que la 22 y la 23 abordaron la vuelta a las aulas tras la crisis sanitaria, que también volvió a formar parte de los temas en 2021. La vigésimocuarta se desplazó a Salamanca, donde Sánchez anunció que se distribuirían 10.500 millones de euros del Plan de Recuperación.

Y la cita de La Palma, meses después del fin de la erupción del volcán Tajogaite, culminó con una declaración que apoyó un plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania en España. Habrá que ver si este año, de nuevo, hay consenso.