El sindicato CCOO ha presentado este martes el estudio 'El impacto de la dependencia en Navarra', que recoge que actualmente hay 16.475 personas con algún tipo de dependencia que reciben 23.151 prestaciones en la Comunidad foral. En este sentido, desde CCOO se apuesta por un plan de choque para "reforzar" el sistema que incluya "compromiso presupuestario y medidas concretas a desarrollar en los próximos 4 años".

Así lo han dado a conocer en una rueda de prensa el secretario general de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, y el secretario de Políticas Públicas y Sociales del sindicato, Joseba Eceolaza. Según Rodríguez, "en 2006 se aprobó la ley de dependencia y, tras casi 20 años, de aplicación, es momento de aprobar un plan de choque que analice la situación, mejore las cuestiones más negativas y prepare a Navarra ante el reto del envejecimiento".

A su juicio, "ahondar en las fortalezas y corregir las debilidades" del sistema es "crucial". "Una herramienta recomendable es la de aprobar un plan de choque que permita analizar la situación general y comprometerse con medidas concretas a varios años sin que los vaivenes políticos y las negociaciones presupuestarias condicionen en algo tan estratégico para Navarra como el sistema de atención a la dependencia", ha subrayado.

El secretario general de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, y el secretario de Políticas Públicas y Sociales del sindicato, Joseba Eceolaza - Foto: E.P

Rodríguez, que ha destacado que "lo que convierte el aumento de la presión asistencial en una oportunidad en lugar de una amenaza es la planificación", ha señalado que el sindicato propondrá al Gobierno foral la aprobación de dicho plan de choque en el marco del Consejo de Diálogo Social.

"Teniendo en cuenta los datos demográficos, deberemos preparar a Navarra para una mayor presión asistencial en dependencia. Esto implica necesariamente ampliar los servicios, construir más residencias y centros de atención y una mayor contratación de personas, proceso en el que la mejora de la formación debe ocupar un papel crucial", ha apuntado.

Por su parte, Eceolaza ha considerado que "es hora de aprobar un plan de choque para asumir y gestionar todos los retos que tenemos por delante en cuanto a la dependencia, no solo por el creciente envejecimiento de la sociedad navarra, sino también porque la dependencia va cambiando". "Creemos que ese plan de choque tiene que contener un plan de infraestructuras públicas, qué tipo de asistencia se le da a las personas dependientes, y tiene que ayudar a que se minoren las listas de espera", ha afirmado.

Ha añadido Eceolaza que desde la aprobación de la ley de dependencia "han sido protegidas y atendidas más de 35.000 personas en los últimos 19 años". Según ha explicado, "cada persona dependiente en Navarra recibe 1,4 prestaciones", ya que "hay muchas personas dependientes que, por ejemplo, reciben la teleasistencia y además van a un centro de día, o tienen la teleasistencia y van a una residencia, o tienen la teleasistencia y tienen una ayuda económica".

"Una de las cuestiones más negativas que tiene Navarra en el análisis de la dependencia es el abuso de las ayudas económicas frente a la prestación de servicios. En comparación con la media española y en comparación con otras comunidades autónomas, somos de las comunidades que más abusa de las ayudas económicas, que en principio es más barato para la administración pública, pero es mucho menos garantista", ha criticado.

Si bien "la ley de dependencia ya dice que hay que priorizar la prestación de servicios frente a la prestación económica", ha advertido de que "Navarra no termina de corregir esta parte" ya que "hay 1.500 cuidadores no profesionales, el 87% de ellas mujeres".

También ha criticado que "hay un excesivo peso del ámbito privado con ánimo de lucro en las residencias", cuando los servicios sociales deberían de "estar protegidos ante el ánimo de lucro y ante la especulación de las empresas privadas". "En Navarra hay 76 residencias, y únicamente 19 son de gestión y de titularidad pública. Es decir, hay un desequilibrio enorme a favor del ámbito privado", ha dicho, tras remarcar que "27 de estas residencias son gestionadas por empresas con ánimo de lucro", el cual obtienen "deteriorando parte del servicio" como comida, ratios de personal, etc.

Por otro lado, ha remarcado que las listas de espera en este ámbito "son enormes". "En Navarra, una persona dependiente espera 7 meses para que se le reconozca una prestación. En una situación de dependencia y de deterioro cognitivo, 7 meses es una barbaridad. La ley fija como un plazo máximo para reconocer una prestación 180 días. Navarra tarda 204 días. Es decir, que incumple la ley sistemáticamente", ha manifestado. Si bien Navarra "estaría mejor que la media estatal", ha considerado que sigue "estando mal" ya que "hoy hay 529 personas esperando una prestación".

Asimismo, Eceolaza ha afirmado que el empleo que se genera en este ámbito "es un espacio de oportunidad para Navarra". "Hoy hay 13.000 personas que trabajan en los servicios sociales en Navarra, son 5.558 personas las que trabajan en las residencias y en los centros de discapacidad. Representan el 4,3% de todo el mercado laboral navarro. Casi como la hostelería", ha explicado.

A su juicio, "con formación y con mejora de las condiciones laborales" podría generar "nuevos nichos de empleo estratégico para Navarra", si bien ha "lamentado" hay "un peso excesivo de las jornadas parciales" pues más de 3.300 personas, "especialmente mujeres, tienen una jornada parcial".

El informe recoge que las prestaciones que más se ofrecen son las económicas para cuidados familiares o servicios, la teleasistencia y la atención residencial. El servicio de ayuda a domicilio es uno de los servicios profesionales "estratégicos" para "garantizar la prevención, fomentar la autonomía de las personas dependientes y la previvencia en el hogar". Sin embargo, según el informe, "en Navarra en este servicio solo se reconoce en el 4,9% de los casos, muy por debajo de la media estatal".

De las 16.475 personas que reciben prestaciones, el 62% son mujeres, una proporción que "se hace más palpable" en las solicitudes de personas con 80 años o más, franja en la que el 72,5% son mujeres.