Pedro Sánchez se jugó recientemente la oficialidad del catalán en la Unión Europea (UE) y perdió la partida estrepitosamente.

Al constatar que no tendría el respaldo suficiente para sacar adelante esta exigencia que le demanda insistentemente Junts a cambio de sus siete votos para sostener al presidente en la Moncloa, el Gobierno decidió retirar la votación que había impulsado para darle ese estatus al catalán en el marco del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea. Los ministros y secretarios de Estado evitaron votar la propuesta del Ejecutivo español para que el catalán, en una operación donde también colaron el euskera y el gallego para difuminar la mano secesionista, se convirtiera en lengua oficial en Bruselas.

Después de meses de intensas gestiones para satisfacer esta exigencia del fugado Carles Puigdemont, el Ejecutivo cosechó un sonoro fracaso en su esfuerzo diplomático por conseguir la oficialidad del catalán en las instituciones europeas. Hasta ocho países se negaron en redondo a pasar por el aro para dar luz verde a esta iniciativa que el Gobierno se afanó en vender en Bruselas como un impulso al reconocimiento de la diversidad lingüística en España, cuando la realidad es que es una pura necesidad que responde a una exigencia de Junts. El grupo de países díscolos lo conformaron Dinamarca, Finlandia, Austria, Chipre, Alemania, Países Bajos, República Checa e Italia. Y ante la falta de unidad para aprobar una medida sobre la que se exige consenso, la iniciativa volvió al cajón de asuntos pendientes. 

El margen para aprobar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego es muy estrecho, ya que necesita unanimidad y basta con el no de uno de los Veintisiete para echarla por tierra. 

La única victoria (pírrica) que pudo cantar el Gobierno en este terreno delicado es que Puigdemont y los suyos, lejos de echarle en cara su incapacidad para cumplir la promesa que les hizo, le echaron la culpa al PP y a supuestas maniobras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Curiosamente, el mismo PSOE que siempre se esforzó en denunciar la falta de liderazgo europeo del jefe de la oposición, le concedió en este asunto un enorme poder de convicción sobre los socios comunitarios. 

Incluso el secretario general de Junts, Jordi Turull, terció al día siguiente del revolcón europeo para pedir «paciencia y confianza en las gestiones» dirigidas a conseguir este reto. «Tened confianza. Se deberá trabajar con mucha discreción, sin ningún tipo de postureo, sin quedar bien por aquí o por allá, sin ver quien la dice más gorda, quien se apunta el tanto», dijo a sus fieles.

El PP, por su parte, tampoco se quedó callado ante la derrota en Bruselas y su vicesecretaria, Ester Muñoz, atribuyó a Pedro Sánchez el «fracaso» de la misión comunitaria. «Esto va de que Sánchez ha fracasado en la UE y no puede darle explicaciones al señor Puigdemont, pero eso no es responsabilidad del señor Feijóo», sentenció.

Varios de los participantes en el Consejo de Asuntos Generales (CAG), el foro donde se toma esta decisión, recalcaron que seguían teniendo serias dudas sobre la conveniencia de dar este paso para reconocer la oficialidad al catalán, lo que podría desencadenar una catarata de reclamaciones similares para las diferentes lenguas minoritarias en el continente.

Fue un jarro de agua fría para el Ejecutivo que, a través del sobreactuado ministro de Exteriores, José Manuel Albares, puso toda la carne en el asador durante semanas para conseguir este empeño. Albares intensificó los contactos diplomáticos en busca de apoyos. Bien es cierto que logró suavizar algunas de las posturas previas. Países como Suecia, Países Bajos y Alemania pidieron «más información», pero ya no expresaron un no rotundo.

Algunas de las dudas que plantean los Estados comunitarios tienen que ver con el trasfondo estrictamente político de la iniciativa del Ejecutivo español, un argumento que el PP está utilizando para atraer a países como Italia y frustrar los planes del Gobierno. 

Otro de los temores expresados por los países que aún mantienen una postura reticente es que esta propuesta abra la caja de los truenos y provoque un rosario de reivindicaciones en esta línea.

En la Unión Europea (UE) existen más de 60 lenguas minoritarias o regionales que son habladas por diversas comunidades dentro de los Estados miembros, pero que no son lenguas oficiales en Bruselas.